Evaluación de la TDT

El objetivo principal del proyecto CSO2008-00587 es evaluar la implementación de las políticas de impulso a la sociedad de la información en España a escala autonómica. Para hacerlo, se han delimitado dos programas o acciones específicas implementadas por las comunidades autónomas españolas: el despliegue de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y el programa de Escuela 2.0/Internet en el aula (trabajo en curso).

A continuación se resume un avance de los resultados obtenidos tras la evaluación de las políticas públicas de impulso a la TDT en las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla y León, País Vasco, Castilla-La Mancha, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y Comunidad de Madrid.

    » Indicadores de evaluación: cuadro resumen
    » Análisis comparativo
    » Cataluña
   
» Castilla y León
   
» País Vasco
   
» Castilla-La Mancha
   
» Galicia
   
» Comunidad Valenciana 
   
» Andalucía
   
» Aragón
   
» Comunidad de Madrid

INDICADORES DE EVALUACIÓN: CUADRO RESUMEN

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ANÁLISIS COMPARATIVO

La implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en las comunidades autónomas españolas es la consecuencia local de una política nacional promovida mediante planes sectoriales en todo el ámbito del Estado y definida en la Directiva 95/47/CE sobre la estructuración del mercado europeo de televisión digital. Se trata, en consecuencia, de una acción local fundamentada en una estrategia supranacional cuyos objetivos más generales son comunes a toda la Unión Europea. Aún así, las administraciones autonómicas, en el caso español, en tanto responsables delegadas de la implementación de esta política estatal y comunitaria, han tenido en su poder las herramientas ejecutivas necesarias para llevar finalmente la TDT a los ciudadanos.

La propia naturaleza estatal y comunitaria de esta política determina en parte su pertinencia, aunque resulta significativo, a la luz de los resultados de la evaluación, que el despliegue de la TDT en cada una de las CCAA analizadas se inscribió en un plan director autonómico, es decir, fue asumido y ejecutado en consonancia con las estrategias particulares de impulso a la sociedad de la información en los territorios. El caso del País Vasco tuvo características diferenciadas, pues si bien permitió el despliegue de la TDT, no le confirió mayor importancia estratégica a esta tecnología, como sí la tiene el despliegue de la banda ancha; ello explica que no haya acometido diagnósticos previos, ni actualizaciones del mismo, ni planes pilotos. El resto de las autonomías sí realizaron mayoritariamente este tipo de acciones de planificación y seguimiento, aunque la Comunidad Valenciana no actualizó el diagnóstico inicial ni realizó un plan piloto, como tampoco lo hizo la Comunidad de Madrid.

La fecha establecida por el Gobierno de España para el apagón analógico marcó una referencia precisa para medir la efectividad de las acciones autonómicas y, en general, todas cumplieron razonablemente bien con los objetivos propuestos y con los plazos del despliegue. Pero la evaluación de la efectividad se complementa con un dato económico, la diferencia entre el presupuesto original y los gastos ejecutados, y es allí donde surgen carencias elocuentes: sólo en Cataluña, con una ejecución presupuestaria muy equilibrada (+0,24%, ver página 4), y en Aragón, que gastó 21,4% (ver página 4) menos de lo inicialmente previsto, fue posible recabar la información necesaria para elaborar este indicador. La acción evaluadora ha topado en este caso con barreras que impiden un acceso libre a la información administrativa.

En el apartado de eficacia, Aragón fue la única CCAA que obtuvo resultados positivos en los tres indicadores utilizados para medirla, mientras que, en el extremo contrario, Cataluña, al no mantener los criterios de planificación territorial ni disponer de los servicios de TDT interactivos que había previsto, no logró superar dos de estos indicadores. Cabe destacar que la acción pública de impulso a la TDT fue aprovechada por las administraciones autonómicas para dibujar el mapa de las televisiones locales y adjudicar mediante concursos nuevas concesiones, proceso del que sólo se desmarcó Castilla y León.

Los buenos resultados de las políticas de impulso a la TDT en España guardan relación con el impacto de la intervención pública: los últimos tres años de despliegue de esta tecnología fueron particularmente intensivos en inversiones, al punto que en las CCAA donde hay cifras disponibles (Cataluña, Castilla y León, País Vasco, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana), este periodo agrupa más del 90% de las inversiones totales. Además, la evaluación constata el esfuerzo generalmente continuo que se hizo para explicar a la ciudadanía el tránsito hacia la televisión digital mediante campañas informativas. En consecuencia, en marzo de 2010, fecha del apagón analógico, se alcanzaron unos resultados en términos de penetración de la TDT relativamente homogéneos: al menos dos tercios de los televisores en todas las autonomías consideradas disponían de sintonizadores de TDT (con máximos del 88,1% en Aragón y mínimos del 66,2% en Castilla-La Mancha, datos de AIMC); mientras que las audiencias de los canales digitales mostraban un comportamiento más desigual: el País Vasco (donde, como ya se afirmó, la pertinencia de esta política estaba más relativizada) registró la mínima, el 43,7%; mientras que el resto se movía entre el 65% y el 73%, y Cataluña se ubicaba claramente a la cabeza, con el 84,5%.

La propia naturaleza de las políticas de impulso a la TDT, implementadas para sustituir a la televisión analógica, determina la continuidad de las acciones emprendidas por las administraciones autonómicas y marca un compromiso para garantizar la permanencia a lo largo del tiempo de la infraestructura desplegada en los territorios.  En este sentido, la intervención política ha sentado las bases operativas necesarias para que las plataformas de televisiones privadas y públicas puedan transmitir a la población sus contenidos en formato digital, objetivo primordial de la acción emprendida.

Todas las CCAA apelaron a soluciones técnicas que les permitieron aprovechar las infraestructuras existentes para el despliegue de la TDT, incrementando de esa manera la eficiencia de la acción pública promovida. Además, la mitad impulsó el establecimiento de una entidad de gestión y control con participación de todos los sectores implicados en la migración hacia la TDT, aunque sólo Cataluña consideró necesario asumir nuevas competencias traspasadas por el gobierno central para reforzar la acción pública en este capítulo. En dos de las CCAA donde se produjo un cambio del partido de gobierno durante el periodo evaluado (Cataluña y Galicia), el proyecto de despliegue de la TDT también cambió su adscripción institucional. No sucedió lo mismo en el País Vasco, que mantuvo las políticas de TDT en manos de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones y la sociedad pública ITELZAPI, aun después de la sustitución en 2009 de la coalición PNV-EA-EB por el acuerdo PSE-PP-UPyD en el gobierno. Y en Castilla-La Mancha el cambio institucional vino motivado por una remodelación interna promovida por el propio gobierno socialista. Cabe destacar que para esta categoría de la eficiencia, la Comunidad de Madrid no aporta datos en tres de los cuatro indicadores considerados.

En tanto intervenciones públicas fundamentadas en una estrategia estatal y europea, las actuaciones políticas de impulso a la televisión digital terrestre emprendidas por las comunidades autónomas españolas plantearon unos objetivos generales complementarios y no contradictorios, de allí el elevado nivel de coherencia constatado en el presente ejercicio de evaluación.

CATALUÑA

Tras aplicar a las políticas públicas de despliegue de la TDT en Cataluña la metodología de evaluación propuesta en el presente proyecto, se obtienen unos resultados positivos. Se trata de una intervención pública pertinente, sustentanda por un Plan Director, tres planes autonómicos específicos y en sendas resoluciones aprobadas en el marco del Plan Avanza, que se valió de un diagnóstico inicial y otro intermedio y cuya implantación se probó primero mediante un plan piloto.  También fue una política efectiva, pues se cumplieron de manera razonable las metas iniciales: se procedió al apagón analógico en la fecha prevista y los costes totales generados por el proceso fueron equivalentes al presupuesto disponible en los cuatro principales planes específicos sobre la TDT aprobados por la administración autonómica y central. No obstante, el proceso de implementación de la política evidenció algunas carencias, particularmente en el capítulo de la eficacia: aunque sí logró impulsar el despliegue de canales locales, supuso a su vez importantes cambios en los criterios de planificación territorial y evidenció la imposibilidad de utilizar la TDT como canal para la promoción de servicios interactivos públicos, tal como se pretendía en los planes iniciales de la administración autonómica. Por otra parte, el despliegue de la TDT logró un fuerte impacto social gracias en parte a la intensa campaña de comunicación que se desplegó a lo largo de todo el proceso, la cual permitió a su vez que tras el apagón analógico se alcanzara en Cataluña altas cuotas de penetración de la TDT (80,2%) y elevados niveles de audiencia (84,5%). También contribuyeron a estas cifras la implantación física de las infraestructuras de transmisión y la fácil asimilación de la tecnología por parte de los usuarios, factores que garantizan la permanencia técnica del proyecto en el tiempo. La política catalana de despliegue de la TDT incluyó resoluciones concretas (complementariedad tecnológica, trabajo en equipo con los agentes involucrados, traspaso de competencias) que contribuyeron  a maximizar el aprovechamiento de los recursos públicos y permitieron alcanzar mayores niveles de eficiencia; aunque como contraste a estas decisiones, otras avanzaron en dirección contraria; concretamente, se pasó de un modelo de gestión de la TDT concentrado en un único Departamento, a otro donde las tareas se repartían por tres instituciones distintas. Finalmente, cabe destacar el elevado nivel de complementariedad alcanzado por las distintas intervenciones públicas promovidas por la administración autonómica en este campo, producto de la coherencia de los objetivos básicos planteados en los planes de despliegue de la TDT.

CASTILLA Y LEÓN

Tras documentar las principales actuaciones vinculadas al proceso de implantación de la televisión digital terrestre en la comunidad autónoma de Castilla y León se procedió a evaluar su pertinencia, efectividad, eficacia, impacto, permanencia, eficiencia y coherencia. Del resultado de estos indicadores, se concluye que:

En términos de pertinencia, el despliegue de la TDT en Castilla y León se inscribe –a nivel autonómico- en un plan director que requirió la realización y actualización del diagnóstico de partida. El principal instrumento que reactualiza lo sancionado durante 2007 y 2008, a través de la ERSDI 2007-2013, lo constituye el Plan de Digitalización y Convergencia de Medios Audiovisuales en Castilla y León2009-2011, cuyo fin es el de incorporar a la región y a su ciudadanía a la Sociedad de la Información, en este caso, con los objetivos de fomentar la creación y difusión de contenidos creativos digitales (Línea Estratégica 7 de la ERSDI), dinamizar y asegurar la transición a la TDT y establecer un marco general de actuación y evolución de la actividad de los medios audiovisuales de Castilla y León (Línea Estratégica 8 de la ERSDI). Tal y como contemplaba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, que en su punto cuarto recogía el Proyecto Piloto de Transición a la Televisión Digital Terrestre en Soria, la provincia castellana y leonesa fue la primera provincia española en la que se produjo el encendido digital a las 12:00 horas del 23 de julio de 2008.

En términos de efectividad, el impulso estratégico a la implantación y despliegue de la TDT en Castilla y León, evaluada a partir del logro alcanzado de las metas propuestas y desarrolladas resulta positivo y progresivo. No disponemos, sin embargo, de la misma profusión de datos para acordar el grado de cumplimiento y adecuación en el ámbito de la financiación y el control presupuestario. Tampoco podemos valorar si el cómputo final del proceso de transición –53,1 millones de euros—resultó superior al planificado pues solamente hemos encontrado  referencias a partir de declaraciones institucionales de la previsión de gastos. En este sentido, parece que la idea de la Junta era gastar en torno a los 40 millones de euros.

En términos de eficacia, de las tres fases que definieron el proceso de transición a la televisión digital terrestre, en Castilla y León en la Fase 1 debieron de ajustarse de nuevo los plazos. Si bien la más compleja en su aplicación habría de resultar la Fase 3, ya que afectó a más de 3.000 entidades de población y conllevó la digitalización de más de 300 centros emisores.

El concurso para la primera TDT Regional supone “el paso previo para las televisiones digitales locales” había declarado el Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. En el mes de febrero de 2009, la Consejería de Fomento adjudicó a la empresa Radio Televisión de Castilla y León S.A. –resultado de la fusión entre las cadenas de televisiones locales Canal 4 Castilla y León y Televisión Castilla y León- el concurso de esta licencia de TDT Regional. El 9 de marzo de 2009 comenzaron las emisiones de esta cadena autonómica, que dispone de dos canales: la Siete (CYL7), un canal con programación autonómica similar para todo el territorio las 24 horas del día, y la Ocho (CYL8), especializado en cada provincia, y que en determinadas franjas horarias incluirá desconexiones territoriales.

Mediante Decreto 64/2005, de 9 de septiembre se había fijado el Régimen Jurídico del Servicio Público de Televisión Digital Local por Ondas Terrestres –BOCYL, 14 de septiembre de 2005-. El decreto aprobado, el primero en materia audiovisual en la Comunidad, se enmarca en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local y en Plan Director de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicación 2004-2006 que tiene como finalidad impulsar el sector audiovisual regional. De este modo, la Junta de Castilla y León se preparaba para convocar el concurso de adjudicación de los 84 canales de televisión digital local que le correspondían a la Comunidad Autónoma. De acuerdo al Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local, a Castilla y León le correspondían 21 demarcaciones, una para la capital de provincia y el resto para municipios o agrupaciones de municipios en Aranda de Duero, Briviesca, Medina de Pomar y Miranda de Ebro en Burgos; Astorga y Ponferrada en León; Aguilar de Campoo en Palencia; Béjar y Ciudad Rodrigo en Salamanca; El Burgo de Osma en Soria; Medina del Campo en Valladolid; y Benavente en Zamora. Es importante destacar que transcurrido este periodo de tiempo –más de cinco años- no ha llegado a iniciarse el  proceso concesionario de adjudicación de TDT Local lo que plantea una situación de monopolio de facto de la señal de televisión digital terrestre de proximidad por parte de RTVCYL en Castilla y León.

En términos de impacto, solamente el Programa Regional de Transición a la TDT ha supuesto ya una inversión de 53,1 millones de euros, de los que 49, 1 corresponden al despliegue de infraestructuras, y el resto a iniciativas de sensibilización y formación. A través de los programas Adáptate, Sintonízate, Plan 80+, TDTeca, Encuentros Digitales e información digital se ha atendido a más de 41.000 castellanoleoneses, especialmente los incluídos en colectivos de riesgo de exclusión digital. En tareas de información y asistencia se atendieron alrededor de 8.000 consultas a través del teléfono de información 012, así como fueron atendidas las efectuadas a través del Portal monotemático de información sobre la TDT (www.jcyl.es/tdt) habilitado en 2008, en la página web de la Junta de Castilla y León y se atendieron y resolvieron más de 400 a través de la Oficina de Atención y Dinamización del Tránsito a la TDT de la Junta de Castilla y León que gestiona también las solicitudes de tecnología de satélite. Para facilitar el conocimiento de la TDT se editaron también algunas publicaciones como la Guía TDT: Enciende la Televisión Digital con la que se pretenderá informar a la ciudadanía sobre qúe es la TDT; sus ventajas o las medidas que deben adoptarse en los hogares para la recepción de la señal digital. Además del Catálogo de Servicios Interactivos sobre TDT para Entidades Locales.

Según las cifras editadas por el Informe del mes de abril de Impulsa TDT, el índice de penetración en la comunidad autónoma de Castilla y León era de un 80,5% para el mes de marzo de 2010 y la cuota de pantalla de la TDT para la misma fecha alcanzaba el 69,5%.

En términos de permanencia, es necesario tener en cuenta que el Plan de Digitalización y Convergencia de Medios Audiovisuales en Castilla y León 2009-2011 nace con una vocación de actualización permanente, en línea con el contexto tan cambiante al que se enfoca. El impulso a la política de medios audiovisuales en Castilla y León queda expresado en las tres actuaciones programáticas que el Plan pone en marcha. Es por ello que cobra sentido referirse en términos de complementariedad y coordinación al mencionar las tres actuaciones: Programa Regional de transición a la TDT; Programa de Desarrollo de Servicios y Contenidos sobre Tecnologías Digitales y Programa de Ordenación y Planificación Audiovisual. Es el Programa de Ordenación y Planificación Audiovisual, recordemos: de carácter horizontal, el que establece un marco general de actuación y evolución de la actividad de los medios audiovisuales en Castilla y León. Dicho marco permitirá coordinar e impulsar un desarrollo planificado y adecuado en el ámbito audiovisual de la región y, al mismo tiempo, garantizar, preservar o desarrollar los derechos, tanto de los agentes participantes en el mismo, como de los usuarios destinatarios de su oferta. Queda, de este modo, fundamentada en la propia estructura del Plan la continuidad de las acciones emprendidas por la Junta de Castilla y León y su compromiso de permanencia. En este sentido, la intervención de la administración regional dota de un marco de actuaciones futuras para el avance digital y la convergencia de los medios audiovisuales en Castilla y León que habrá de ir definiéndose al menos a lo largo del año próximo. No sin urgentes demoras, por ejemplo, la de la concesión pendiente de las licencias de explotación de la TDT Local.

En términos de eficiencia, para el despliegue de la TDT, la Junta de Castilla y León se apoyará en la Red de Radiocomunicaciones Multiservicio, una infraestructura de telecomunicaciones de disponibilidad y titularidad pública que facilita la interconexión de diferentes ubicaciones entre sí, a través de un soporte de transmisión único de alta capacidad, que permite la transmisión de datos, voz y vídeo de interés regional a todos los ciudadanos, ubicados en cualquier punto del territorio. La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León es la encargada de la coordinación y dirección de las políticas de Sociedad Digital del Conocimiento. El Observatorio Regional de la Sociedad de la Información es el órgano encargado del seguimiento y evaluación de la Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento de Castilla y León para el período 2007-2013: realizará un plan de acción anual y una actualización bianual de la Estrategia. La Junta de Castilla y León confió a Tecnocom la dirección de control y seguimiento del despliegue de la TDT en esta comunidad. De este modo, la Dirección General de Telecomunicaciones, a través de la empresa pública PROVIL S.A. encargaba a Tecnocom la dirección técnica para el control y seguimiento de la ampliación de la cobertura de la TDT en la región. El contrato, que se firmó el 19 de enero de 2009 por un importe de 618.454 euros, tendría una duración de 20 meses y se extendería hasta que se produjese de forma efectiva el apagón analógico en Castilla y León. Juan Vallejo Barceló, quien fuera Director de Consultoría y Negocio, Consultoría y Outsourcing Tecnocom, ocupa en la actualidad el cargo de Director de la Oficina Regional de Transición a la TDT.

Si bien no se traspasaron competencias para el control de procesos asociados a la TDT, desde el punto de vista jurídico destacamos como un elemento a favor de la eficiencia y del máximo aprovechamiento de los recursos públicos, la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Castilla y León, para la ejecución del Plan Nacional de Transición a la TDT.

Desde el punto de vista institucional, la política de despliegue de la TDT en Castilla y León ha estado a cargo de la Consejería de Fomento que incluyó, en el Plan de Digitalización y Convergencia de Medios Audiovisuales en Castilla y León 2009-2011, el Programa Regional de Transición a la TDT donde se dibujaron cuatro líneas de actuación centradas en el despliegue efectivo de infraestructuras para la difusión de la señal digital en la comunidad autónoma; en el apoyo a la adaptación de inmuebles y hogares para la recepción de la TDT; en la difusión y sensibilización para garantizar el acceso a la TDT por parte de todos los ciudadanos castellanoleoneses y en el soporte al despliegue y adaptación.

En términos de coherencia, la transición a la TDT en Castilla y León adquirió un alcance progresivo y positivo si tenemos en cuenta las circunstancias nada favorables en términos de penetración y adecuación de tecnología digital e infraestructuras de las que partía la región. Empezó tarde pero no terminó mal, si sirve la expresión. Salvo por alguna circunstancia que la reviste de un carácter peculiar respecto al resto de las autonomías. A saber, que el encendido analógico se lleve a cabo en una provincia como es la de Soria, en una fecha en la que su administración regional no había resuelto aún el procedimiento de adjudicación de concesiones de TDT Regional y Local. Y que toda vez concluido el apagón analógico siga sin haberse resuelto el procedimiento de concesiones de explotación de las televisiones digitales locales. Se advierte, entonces, una coherencia en la política de impulso a la televisión digital terrestre en exceso laxa. Incluso relativa, nos atrevemos a señalar, a tenor del impulso que la propia administración regional está llevando a cabo en materia de esfuerzo en banda ancha y en el acceso de la ciudadanía a servicios interactivos y entorno digital donde parecen notorios los esfuerzos de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Finalmente, se ha indicado el monto de recursos totales que el despliegue de la TDT en Castilla y León supuso pero también se ha hecho referencia a la dificultad con la que nos topamos para matizarlos dentro de una financiación global de un Plan como lo es el de Digitalización y Convergencia de Medios Audiovisuales en Castilla y León 2009-2011 que no demarcó las cantidades que iba a dedicar a cada uno de sus Programas incluido éste de la Transición a la TDT y que aún mantiene su vigencia.

PAÍS VASCO

La política de implantación de la TDT en el País Vasco se ha caracterizado por garantizar el despliegue de la señal digital y por cumplir las fases de apagón en cada una de las provincias vascas. El gobierno vasco no ha manifestado gran interés por esta tecnología, ya que su apuesta es el despliegue de la banda ancha en todo el territorio como proyecto estratégico autonómico. A pesar de estar incluida como una de las “Infoestructuras” en el Plan Euskadi de Sociedad de la Información (PESI), la TDT no ha sido una prioridad, como lo demuestran la falta de un plan piloto y un diagnóstico previo; asimismo el desarrollo de servicios interactivos, que se señalaban como de gran interés en el PESI ha sido mínimo y casi inexistente. Además las acciones se han realizado principalmente en los últimos dos años (2008 – 2010), principalmente en los últimos nueve meses (2009 – 2010) se aceleraron las decisiones ante la inminente llegada del apagón analógico. En cuanto a la coordinación del despliegue, se ha realizado bajo la dirección de la empresa pública vasca ITELZAPI. En términos de resultados, se consiguió cumplir los plazos y el apagón se realizó sin problemas; pero hay que señalar que en términos de penetración de la TDT, esta tecnología no tiene en el País Vasco los mismos índices que en otras comunidades españolas, porque el índice de penetración del cable es importante.

CASTILLA-LA MANCHA

Los esfuerzos que Castilla-La Mancha asumió para conseguir converger con el resto de España no distan en muchos de los parámetros con los que se han registrado en otras comunidades autónomas.

Bien es cierto que podemos aludir a que ciertos parámetros no han podido implementarse siguiendo una estrecha ortodoxia, ya que el proceso de transición se ha desarrollado siempre en torno a los principios de progresividad y adaptación paulatina que exige una región especialmente dispersa y con niveles de desarrollo más discretos en comparación con el resto de España. De todos modos, es justo y adecuado reseñar que aun con todos los desniveles o imprecisiones que se pueden constatar a partir de los datos manejados en este informe, Castilla-La Mancha tiene para sí dos importantes éxitos.

  • Por un lado, la experimentación con iniciativas piloto y pioneras como Alcázar Digital TDT.
  • Por otro, la observación de los plazos máximos, que han permitido a esta comunidad autónoma proceder al encendido digital en la fecha prevista y compartida.

No es baladí hacer estas menciones ya que volvemos a manifestar que las condiciones específicas de Castilla-La Mancha en los aspectos geográficos y poblacionales, así como otras características de rasgo socioecónomico podrían haber desvirtuado la aplicación de esta política de sociedad de la información.

Reflexionando sobre cada indicador de los aquí desarrollados, en el ámbito de la pertinencia, Castilla-La Mancha cumple afirmativamente con lo propuesto. Sobre todo porque ya desde el Plan Técnico Regional, el PETSI, se intuye como necesario el salto a la radiodifusión digital como una herramienta de coherencia interna y externa. Siempre se tuvo claro en este sentido que no podían generarse brechas de ningún tipo. A partir de esta primera base, el resto de los aspectos como la elaboración de un diagnóstico previo, sus actualizaciones y el diseño de propuestas piloto vinieron coaligados, y además, subrayando la coherencia con el proyecto de “Ciudades Digitales” de Castilla-La Mancha[1].

Con este punto de partida, esta Comunidad trabajó para acoplar técnicamente los puntos de transmisión a la nueva tecnología e ir preparando a su sociedad para el salto que iba a experimentar. En este sentido, y en términos de efectividad, Castilla-La Mancha alcanzó un grado muy aceptable en cuanto a los plazos y los objetivos a cumplir —tal y como señalamos unas líneas más arriba—. Es, sin embargo, difícil de concretar con los datos a los que se ha tenido acceso hasta qué punto se ha gestionado buscando esta efectividad el presupuesto con el que se contaba. Sobre todo, porque parece haber una perspectiva de partida que distaba mucho de lo empleado finalmente según se pone de manifiesto en la propuesta de los presupuestos generales de la Junta de Castilla-La Mancha para 2011, donde se alude a que se han invertido unos 40 millones de euros.

En el nivel de la eficacia, los indicadores contrastados nos revelan que esta región no atendió a una distribución geográfica para implementar la adaptación a la TDT. No se tuvo en cuenta la división provincial; el criterio que en este sentido preponderó fue el técnico. Ahora bien, sí se fijó de manera más precisa la distribución de la TDT local —donde algunas de las frecuencias quedaron por asignar—.Y para dotar de contenido este desarrollo de aspecto más físico, no se quiso abandonar el intento de activar servicios interactivos con las nuevas frecuencias que suponían la digitalización audiovisual. Si bien, como se apunta en el informe, aún son más bien marginales. Da la sensación de que se trabajó por garantizar una mínima disponibilidad operativa, aunque el posterior desarrollo de estas iniciativas quedaría supeditado a la paulatina receptabilidad que con la absorción de la nueva televisión cabría esperar de las instituciones y ciudadanos manchegos. En definitiva, todo ello se anclaría en una mayor y más sólida madurez de la nueva tecnología.

Al apelar a factor del impacto, Castilla-La Mancha refleja de nuevo actuaciones y niveles muy similares a las demás regiones que configuran este estudio. Del mismo modo que las inversiones y el flujo económico se concentran principalmente en el periodo final del apagón analógico, los índices de renovación de tecnología y receptores así como las cuotas de audiencia no suponen una tendencia específica o un comportamiento reseñable. Aunque a la hora de hablar de las campañas de comunicación desarrolladas para informar sobre la TDT a los ciudadanos, esta región apostó por un proyecto pragmático: una vez materializada la transición, se interrumpen las iniciativas de gran escala.

Pero si bien no se mantuvieron estas actividades, lo que era ya un hecho es que la estructura de la TDT se dotaba de un principio clave: la no marcha atrás. Para ello, la puesta en marcha del segundo canal de la televisión autonómica, como la adjudicación de las frecuencias a las distintas cadenas interesadas[2] son una muestra de la permanencia de esta política. Sería ilógico no plantearlo de este modo. Sin embargo, son diversas las debilidades que en este ámbito muestra Castilla-La Mancha: frecuencias desiertas, propuestas muy discretas de la optimización de los servicios de valor añadido (televisión interactiva) y la existencia de zonas de sombra, pueden servirnos como ejemplo.

Desde la perspectiva de la eficiencia, en Castilla-La Mancha sí se identifica que el proyecto de digitalizar la televisión en la región partió de las estructuras ya creadas. No en vano, desde el panorama institucional no hubo apuestas vigorosas que desembocaran en la botadura de un ente regional y aglutinador específico que se encargara de este proceso. Cada paso venía a estar controlado por la Junta, desde su Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información[3], aunque no por ello se eliminaba la acción tan imprescindible del Gobierno central o de las corporaciones municipales, planteando así un trabajo cooperativo.

En suma, y teniendo en cuenta todos los ámbitos que quedan más abiertos o menos reforzados, Castilla-La Mancha se incorporó a la nueva televisión atendiendo a unos mínimos solidarios con otras regiones para así cumplir con el objetivo nacional que adelantó el encendido digital en nuestro país. No hay, por tanto, grandes diferencias o realidades inseparables, y por tanto, podemos señalar que el comportamiento de esta Comunidad en el escenario de la TDT es positivamente sólido, aunque sí proyecta ciertos riesgos que se deben tener en cuenta para analizar el desarrollo y la eficacia futuros de esta política:

  • En primer lugar, convendría  clarificar la financiación para desatascar la investigación que la Unión Europea ha ordenado sobre la asignación de ayudas para la transición a la TDT en Castilla-La Mancha.
  • Asimismo, sería positivo resolver técnicamente las zonas de sombra constatadas.
  • Habría que desarrollar los servicios interactivos. Fortaleciendo la pedagogía en el circuito educativo y social se podría sacar jugo a esta herramienta, toda vez que ya se cuenta con las experiencias del SEPECAM y de Alcázar Digital TDT.

La debilidad de las propuestas de TDT local pueden llevar a infrautilizar o convertir en mero ruido los nuevos contenidos. Además, para fortalecer el pluralismo se requeriría activar las frecuencias que hayan quedado desiertas.


[1] Recordemos en este punto que Alcázar Digital TDT era una iniciativa más de ese plan de Ciudades Digitales que incluían a otras localidades castellano-manchegas, cada una de ellas especializadas en un área concreta de la sociedad de la información. El municipio ciudadrealeño de Alcázar de San Juan se perfiló, por sus características poblacionales, como un buen ejemplo tipo de la sociedad manchega para probar la TDT.

[2] Proceso que no estuvo exento de polémica.

[3] El contexto económico y político dinamitó la Consejería autonómica específica para las nuevas tecnologías y sociedad de la información como hemos explicado. Las competencias de este órgano quedarían repartidas entre diversas consejerías.

GALICIA

La política de implantación de la TDT en Galicia arroja numerosos resultados positivos. El periodo de implantación contó con un exhaustivo análisis de evaluación que generó información valiosa para adaptar el plan técnico de despliegue a las circunstancias sociales y geográficas de la Comunidad Autónoma. Un ejemplo de esto último lo ilustra la puesta en marcha del plan piloto de A Fonsagrada, un proyecto de encendido digital pionero en la península y especialmente difícil por las características de la zona. Los principales actores del proceso fueron, por una parte, el operador público Retegal y por la otra, la Oficina Técnica de la TDT en Galicia.

La mayor discontinuidad en la aplicación de esta intervención pública se dio con el cambio de signo político de la  Xunta de Galicia en 2009, que produjo un reajuste institucional y una adaptación de los objetivos y la labor realizada por el anterior ejecutivo.

No obstante, es necesario advertir que la puesta en marcha del plan tuvo que adaptar sus plazos provocando una confluencia en el calendario de las fases II y III del proceso de encendido digital así como una concentración de las acciones e inversiones en el último tramo del proceso de implantación.

COMUNIDAD VALENCIANA

La transición a la TDT en la Comunidad Valenciana se caracteriza fundamentalmente por el impulso nacional más que regional. Aunque la TDT se incluye como proyecto específico en el Plan Avantic, no será hasta la firma del convenio marco colaborador, al amparo del Plan Nacional de transición a la TDT, cuando se implementen acciones específicas encaminadas a la digitalización de centros en los que tuvieran cabida las concesiones locales y privadas. Con anterioridad las acciones van dirigidas a la adaptación de la televisión regional pública. A partir de este momento, y según las fechas en las que tuvo lugar el apagón analógico en las diferentes fases, la Comunidad Valenciana eligió adecuadamente los centros a digitalizar en cada una de ellas. De acuerdo con los resultados, el presupuesto fue suficiente. Quizás a todo ello ayudó la adscripción temprana del proyecto a una estructura institucional única. No obstante, aún queda pendiente la demarcación de Requena y Uriel,  el desarrollo de los servicios de T-Administración y el aumento de la penetración de la TDT para que la población de la Comunidad Valenciana tenga una mayor cobertura y deje de estar sensiblemente alejada de las primeras comunidades autónomas.

ANDALUCÍA

La política autonómica andaluza de impulso de la TDT ha cumplido las expectativas en cuanto a la necesidad de disponer de los medios económicos y técnicos dirigidos a un desarrollo del proceso en sintonía con el resto del estado español. Muchas de las medidas adoptadas, simultáneas a las específicamente tecnológicas, han tenido que ver con la particular estructura geográfica y socioeconómica de la región, por lo que se han considerado necesarias no sólo campañas de comunicación sostenidas en el tiempo sino, además, políticas formativas y de subvención a determinados grupos sociales con riesgo de exclusión durante los inicios del proceso (mayores, personas dependientes o con discapacidad).

En cuanto a la pertinencia de las acciones adoptadas en su conjunto, el despliegue de la TDT se inscribió principalmente en los convenios marcos articulados entre el gobierno andaluz y el central, si bien los sucesivos planes sobre la Sociedad de la Información en Andalucía contemplaron desde distintas perspectivas algunos de los retos del proceso (Plan Director de Infraestructuras de Andalucía PIDIA, 1997‐2007; Plan de Innovación y Modernización de Andalucía, 2005; Plan Andalucía Sociedad de la Información 2007–2010). Las labores de diagnóstico realizadas se ampararon en las redacciones de estos planes autonómicos, si bien se produjo una única actualización en la primera fase del proceso. El plan piloto realizado en dos localidades de Sevilla no cuajó después, sin embargo, en el desarrollo fructífero de la disponibilidad efectiva a escala autonómica de servicios interactivos. Pese a este último punto, la eficacia y la efectividad de las políticas ha sido alta, con una fuerte carga inversora de la Junta de Andalucía en planes de incentivos para particulares y entes autónomos en pro de la digitalización de la señal televisiva, gracias a fondos provenientes del primer Plan Avanza. El impacto conseguido por el conjunto de estas acciones fue elevado, alcanzándose también un alto nivel de renovación del parque de televisores y de la cuota de pantalla de la TDT en Andalucía en las fechas del apagón digital, si bien se detecta una aceleración del proceso (también inversora) en los últimos meses de 2009 y primeros de 2010.

La permanencia de la estructura promovida se mantendrá una vez finalizada la inversión pública, y asimismo la eficiencia del proceso en cuanto al uso de equipamientos renovados. La gestión institucional, si bien políticamente comandada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de un lado, y la de Presidencia, de otro, contó además con apoyo transversal de otros organismos (como la Consejería de Igualdad y Bienestar Social; o la Consejería de Salud a través de la Dirección General de Consumo). Se creó asimismo una Comisión de Seguimiento del Proceso de Transición a la TDT en Andalucía, donde participaron los principales agentes concernidos, así como comisiones sectoriales localizadas en función de los lugares y de las fases del proceso. Aunque no hubo cesión de competencias específicas a la comunidad por parte del Estado central para el desarrollo de este proceso, sí existió colaboración entre ambas a través de una Comisión bilateral.

En resumen, en Andalucía, las políticas de transición a la TDT han alcanzado un nivel elevado de coherencia. Sin embargo, los datos menos positivos son, hasta la fecha, la indefinición y quizás el abandono de una  oferta de TDT local.  El planteamiento político y tecnológico diseñado en las numerosas demarcaciones de las licencias locales parece haber sido poco ajustado a las realidades sociales o económicas de la comunidad, toda vez que se ha detectado un escaso interés de la oferta privada y una problemática gestión derivada de las licencias públicas, lo que ha provocado retrasos y renuncias a las licencias. Entre las razones que pueden apuntarse como posibles causantes de este lánguido desarrollo está la sobreabundancia o incorrecta definición en la oferta prevista o las secuelas imprevistas de la crisis económica.

ARAGÓN

El proceso de implantación de la TDT en la Comunidad de Aragón es modélico en cuanto al cumplimiento de plazos, objetivos y ejecución presupuestaria. Aragón fue una de las primeras comunidades autónomas en proceder al apagón analógico. Oficialmente se produjo al mismo tiempo que en el resto de España, el 3 de abril de 2010. No obstante, el 30 de junio de 2009 (Fase II) ya se había incorporado a la TDT más del 90% de la población. En cualquier caso, a la fecha del 3 de abril de 2010 se cumplieron los objetivos previstos.

Refiriéndose a la cobertura, la transición a la TDT mejoró la cobertura que tecnía la tecnología diigital. Así, la población con cobertura de televisión pasó del 98,6% a un 99,7%, lo que la situaría como la primera tecnología digital de espectro universal en los hogares.

En cuanto a la ejecución económica, no solo se cumplió con el presupuesto, sino que el gasto final fue inferior al previsto. La inversión inicil era de 22,9 millones de euros, pero finalmente se logró instalar todo el sistema por 18 millones, lo que supone una reducción del 21,4%.

En cuanto a la TDT local, su desarrollo hasta la fecha ha sido escaso, dada la crisis económica que se arrastra desde el año 2008 y el alto coste económico de estas iniciativas. De todos las decenas de canales previstos en las 16 demarcaciones iniciales, solo se han desarrollado algunas experiencias muy concretas en las ciudades de Zaragoza, Huesca y Alcañiz.

Finalmente, aunque desde 2005 existen servicios interactivos disponibles y pese a que a la oferta del Gobierno de Aragón se unieron las del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Diputación Provincial de Huesca, la extensión de los mismos ha sido un fracaso. En esta ocasión, el problema ha estado en que los receptores de nueva compra y los decodificadores no han incorporado la tecnología necesaria salvo en muy contadas excepciones.

COMUNIDAD DE MADRID

La migración de la televisión analógica a la digital en la Comunidad de Madrid se realizó en 2010  de acuerdo con un plan director y cumpliéndose los plazos fijados. La cobertura incluso sobrepasó los objetivos generales, garantizándose al menos el 99,85 por 100 de la población para el múltiple RGE (autonómico y  locales), y el 99,6 por 100 para los múltiples SFN de ámbito nacional. Conviene destacar que la CAM es un territorio reducido (8.000 km2), con una elevada población (6,5 millones de habitantes) y con un PIB per capita de 31.110 €, todo lo cual ofrecía ventajas objetivas para la implantación de la TDT. A ello hay que sumar un periodo de estabilidad política con un gobierno del Partido Popular desde 1995. Solamente quedaron zonas de sombra en algunas áreas montañosas, de escasa población, y  en ciudades del sur, donde las dificultades técnicas inciales resultaron solventadas. Diversas campañas informativas de gran intensidad coadyuvaron a la adaptación de los aparatos de televisión al nuevo régimen por parte de la ciudadanía, con un índice de renovación del 86,5 por ciento. Sin embargo, la Administración regional no llevó a cabo ningún diagnóstico, ni plan piloto.

Las mayores insuficiencias vinieron por la falta de servicios interactivos, uno de los objetivos del despliegue de la TDT, que quedó limitado a un aumento del número de canales y una mejor calidad de la imagen. Al mismo tiempo, prácticamente ningún ayuntamiento pudo instalar un canal propio, a pesar de la distribución local determinada, por desavenencias de orden político con el gobierno autonómico.  La actuación  fue encomendada a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (AICCM), adscrita a la Consejería de Cultura, Deportes y Portavocía del Gobierno, pero no existió un organismo conjunto de todos los implicados en la operación.

Conviene señalar, por último, la opacidad informativa en el despliegue de la TDT por parte de la Administración regional, lo cual nos hace pensar que no están elaborados los informes finales, posiblemente por razones de estrategia política antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2011. Por ello, ha resultado imposible establecer algunos criterios de evaluación, como por ejemplo los presupuestos globales y los gastos ejecutados, disponiéndose solamente de datos parciales e incompletos. 

 

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